El Alcalde Rahm Emanuel anunció que la Ciudad de Chicago ha registrado una demanda federal para evitar que el Departamento de Justicia del Presidente Donald Trump haga una subvención federal para la prevención de delitos crítica para los esfuerzos de seguridad pública condicionados a acciones ilegales y no vinculadas a inmigración. “La policía comunitaria es una guía filosófica del Departamento de Policía de Chicago, pero no puede tener éxito cuando un segmeno de la comunidad tiene miedo de cooperar o comunicarse con la policía”, dijo el Alcalde Emanuel. “Chicago es una Ciudad Santuario y siempre lo será, y no seremos chantajeados por el Departamento de Justicia del Presidente Trump. El forzarnos a escoger entre nuestros valores y nuestra filosofía de policía comunitaria del Departamento de Policía es una falsa elección y una elección que finalmente minaría nuestra agenda de seguridad pública”. El Alcalde Emanuel, el Consejero de la Corporación Ed Siskiel y el Superintendente del Dpartamento de Policía de Chicago, Eddie Johnson, anunciaron el intento de la ciudad de registrar la demanda en una conferencia de prensa a principios de agosto.

El jueves, 3 de agosto del 2017, el Departamento de Justicia de E.U. publicó la solicitud del prorama FY2017 Edward Byrne Memorial Justice Assistance Grant (JAG) que provee a los estados y las ciudades con fondos federales para apoyar a la policía local. A diferencia de solicitudes previas, la iteración de este año tiene nuevas condiciones que deben cumplir las municipalidades locales para ser elegibles para los fondos. Estas condiciones incluyen la certificación de conformidad con 8 U.S.C. 1373, estatuto federal que prohibe las restricciones de compartir información federal-municipal sobre el estado de inmigración; el acceso ilimitado a las estaciones de policía local e instalaciones de la ley por el personal de U.S. Department of Homeland Security para interrogar a los arrestados; y el requisito de que las ciudades provean a DHS con un aviso, por lo menos 48 horas antes a la liberación del arrestado, lo que requeriría detener a los residentes más de lo permitido bajo la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Estas condiciones federalizan efecivamente las instalaciones de detención locales y violan la Cuarta Enmienda en casos en que los detenidos son legalmente elegibles para la liberación de la custodia policiaca. La Ciudad de Chicago está siendo apoyada en sus esfuerzos legales sobre este asunto por dos firmas legales, Riley Safer and Wilmer Hale, que brindan sus servicos por bono.