Esta semana, El Departamento de Seguridad en el País (DHS) anunció haber terminado el Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 200,000 salvadoreños, el mayor grupo protegido bajo el TPS, que han estado viviendo y trabajando legalmente en E.U. desde el 2001. La acción sigue a las decisiones de noviembre de terminar el TPS para más de 45,000 inmigrantes haitianos y 2,500 inmigrantes nicaragüenses. “La cruel acción de la Administración Trump de hoy pone a cientos de miles de personas en estado indocumentado, apartando a madres y padres de sus familias y sus comunidades”, dijo el Presidente de SEIU Local 1, Tom Balanoff. “El Congreso debe tomar una posición ahora contra el racismo, la división y la intolerancia, apoyando a los que tienen TPS, muchos de los cuales han vivido en E.U. por décadas, para que puedan continuar trabajando y apoyando a sus familias. Si el congreso no actúa los haremos responsables por su fallo en la boleta de noviembre”. DHS está dando un período de gracia de 18 meses, después de los cuales los recipientes del TPS de El Salvador, deben salir de E.U. o serán deportados. El anuncio deja en claro que la misma suerte es probable para más de 57,000 hondureños con TPS, cuyo estado será re-evaluado en mayo. En total, más de 300,000 personas trabajadoras, que han estado legalmente presentes aquí por años, enfrentan una probable expulsión a menos que el Congreso actúe para protegerlos. Los miembros de SEIU incluyen a ciudadanos de E.U. nacidos en países extranjeros, residentes permanentes legales e inmigrantes con autorización de trabajar en Estados Unidos. Muchos miembros de SEIU Local 1 tienen familias con estatus mixto y continuarán pidiendo el apoyo a la extensión del TPS hasta que el Congreso haga lo debido.