Tras la esperada confirmación de Deborah Witzburgh como nueva Inspectora General de Chicago, la Concejal Silvana Tabares pedirá que lance una investigación formal sobre recientes alegatos de que la Secretaria de la Ciudad, Anna VAlencia, utilizó inapropiadamente su posición como titular de un cargo electo en la ciudad para beneficiar los intereses comerciales de su esposo cabildero y sus clientes privados. La petición sigue al lanzamiento de una investigación sobre un escándalo de manipulación de licitaciones por parte de la ciudad de Nueva Orleans involucrando al esposo de Valencia, Reyahd Kazmi. Se ha buscado información de Valencia y Kazmi, incluyendo récords y correspondencia electrónica que han sido citados como parte de su investigación sobre acusaciones de manipulación de contratos. “Parece ser una abrumadora cantidad de evidencia que muestra que la Secretaria Valencia utilizó su oficina para promover los esfuerzos de cabildeo de su esposo, lo cual es un claro conflicto de intereses”, dijo Tabares. (23rd). “Estos alegatos de manipulación de contratos y utilizar la oficina para provecho personal son particularmente perturbadores e inapropiados, si no ilegales. Es por eso que estoy haciendo una solicitud oficial para que la Inspectora General use su autoridad para llegar al fondo de este asunto”.
Ha surgido nueva información, a nivel local, mostrando que el Sr. Kazmi está afiliado con IDE Smart City y Ignite Cities, quienes se han asociado con la oficina de la Secretaria y promueve una versión de su programa CityKey a otras ciudades. Ambas compañías firmaron también un contrato con el Distrito Médico de Illinois, donde el Sr. Kazmi obtuvo ganancias financieras, según documentos públicos relacionados con el acuerdo, que incluyen correos electrónicos de la cuenta pública de Clerk Valencia que involucran al director ejecutivo de Ignite Cities, George Burciaga, y funcionarios de la ciudad de Nueva Orleans. “Estas recientes revelaciones involucrando a la Secretaria Valencia y su esposo demuestran la necesidad de leyes más estrictas que pidan que los oficiales electos separen claramente su trabajo de el de sus esposos y miembros de la familia que reciben un pago como cabilderos”, dijo el Concejal Byron Sigcho-López (25th), quien hizo eco a pedir una investigación. “Necesitamos leyes que pidan la prohibición de esta práctica y más divulgación, para que los políticos ya no puedan ocultar posibles conflictos de intereses o utilizar su influencia para obtener acceso, favores o contratos”. En marzo, Silvana – junto con otros 13 concejales – presentaron una ordenanza que pide que el Concilio de la Ciudad promulgue nuevas reformas de ética destinadas a prevenir más corrupción. La ordenanza propuesta introducida prohibiría a los cónyuges y familiares inmediatos de los concejales y otros funcionarios municipales electos cabildear en el Ayuntamiento.
